El juicio público a las juntas no lesiona las garantías de la defensa

Por Enrique Paixao

El trámite del juicio seguido a los ex comandantes en jefe Videla, Massera, Agosti, Viola, Lambruschini, Graffigna, Galtieri, Anaya y Lami Dozo, presenta particularidades que han llamado la atención de la opinión pública, pues no se corresponden con la situación que resulta frecuente al observador común. Las razones, valorativas o puramente técnícas, que dan fundamento a la forma en que se está desarrollando el juicio, merecen, pues, algún análisis.

Ese análisis no ha de extenderse, sin embargo, a los motivos de la radicación del juicio ante un tribunal civil. Esta cuestión ha sido motivo de intensa discusión. a la que puso fin el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 27 de diciembre, de 1984. que con la decisión de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal por la cual asumió el conocimiento de la causa.

Esa radicación genera, sin embargo, algunas particularidades. Por imperio de la ley 23.049 -cuyo art. 10 atribuye a la Cámara la facultad de asumir el conocimiento de la causa pero no la de variar el procedimiento que esa misma disposición instituye-, el juicio ha de regirse por el Código de Justicia Militar. Este, además de contener normas relativas al trámite de las actuaciones, establece reglas sobre el funcionamiento y forma de constitución del Tribunal que entran en colisión con las que la ley de organización para la Justicia nacional fija para el funcionamiento y forma de constitución de las Cámaras de Apelaciones. Con
buen criterio se ha resuelto esta aparente contradicción mediante la aplicación del procedimiento militar en las cuestiones relativas al trámite del juicio, y de las normas propias de la Cámara en lo que se refiere a sus aspectos funcionales (integración, vestimenta, voto de sus integrantes, etc.).

Dentro del Código de Justicia Militar. el procedimiento puede ser “ordinario” o “extraordinario”. Los de esta última clase pueden ser aplicados, aun en tiempo de paz, cuando la autoridad militar estima necesaria “la represión inmediata de un delito para mantener la moral, la disciplina y el espíritu militar de las fuerzas armadas” (art, 502). El Presidente de la República -comandante en jefe de las Fuerzas Armadas- consideró que el caso que da lugar a este juicio afectó de modo absoluto esos valores (decreto
158183): la sanción de la Ley 23.049, donde se estableció expresamente esa clase de procedimiento demostró que el Poder Legislativo compartía esa valoración.

La forma procesal adoptada -Juicio “extraordinario”- determina que al carácter “público” que según la ley es común a todos los juicios militares (arts. 482 y 371 del Código)se hayan sumado las notas de “verbal'” y “sumario” Aquel carácter explica el fenómeno -casi nunca visto en el foro capitalino- de una audiencia abierta que permite presenciar la marcha del proceso sin otras limitaciones que las impuestas por la difícil relación entre el fuerte interés despertado por el juicio -tanto nacional como internacional- y el espacio reducido en que se desarrolla. Ciertamente, el carácter público del juicio no es susceptible de afectar ningún interés legitimo de las partes. Demostrar la inocencia o la culpabilidad de un reo en un ámbito reservado o impenetrable, situación a la que nos ha habituado la práctica del vetusto Código Procesal vigente en la Capital Federal, constituye prácticamente una anomalía. En cambio, las restantes notas generan el riesgo de menoscabar seriamente el derecho de defensa de los interesados -derecho que asiste tanto al Ministerio Pública Fiscal, representante del interés social en la represión de los delitos, como a los imputados y sus defensores-. Un procedimiento que -en la letra de la ley- debe sustanciarse ininterrumpidamente, concediendo a las partes un término inusualmente exiguo -tres horas- para preparar sus intervenciones principales -acusación y defensa-, y concentrando en el Tribunal todas las atribuciones probatorias -con lo cual, consecuentemente, se las niega a las partes-, aunque pueda ser aplicado sin mayores dificultades cuando se trata de enjuiciar un hecho simple, puede constituir un obstáculo serio cuando la cuestión en debate reviste extrema complejidad, como sin duda ocurre en el juicio de que se trata.

Cabe preguntarse aquí si, en presencia de esa situación, se encuentra facultado el tribunal interviniente para introducir modificaciones instrumentales que tiendan a salvaguardar el derecho de defensa.

La respuesta solamente puede ser afirmativa.

Un sistema procesal no es un fin en sí mismo. Es un conjunto de medios puesto al servicio de la realización de la Justicia y de la garantía constitucional de la defensa en juicio de quienes se encuentran afectados a él, y por esta razón todas las leyes procesales modernas hacen explícita una regla que surge implícitamente de la sola necesidad de atender al imperativo constitucional recordado. El legislador ha venido a reconocer la legitimidad de la flexibilización del procedimiento cuando previó en el art. 10 de la Ley 23.049 plazos de tramitación de la causa cuya amplitud es la de los juicios corrientes.

Sobre esa base, la Cámara que atiende el juicio ha establecido reglas en beneficio de las partes que permiten conciliar una tramitación razonablemente rápida con el respeto de las necesidades -y por lo tanto, de las garantías- de esas mismas partes. En ese orden de ideas, y entre otras
disposiciones, ha establecido un plazo para el ofrecimiento de pruebas que no está contemplado en el Código de Justicia Militar., ha intimado a la parte acusadora a que concrete los cargos por escrito -diligencia tampoco contemplada en las reglas de ese Código-, ha fijado un término en días -y no en horas- para preparar la acusación y la defensa, ha autorizado la Proposición de preguntas por las partes a la hora de examinar a los testigos, y ha contemplado la posibilidad de ampliación de plazos en forma análoga a la que rige en el procedimiento penal ordinario.

En suma, las reglas procesales que se aplicar en el juicio, si bien resultar infrecuentes al observador común, encuentran sólido fundamento en el derecho y salvaguardan de modo eficaz las garantías de las partes.

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